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La
privatización del agua está tomando auge en América Latina. A pesar de
reveses y derrotas que han sufrido en lugares como Puerto Rico, Bolivia
y Uruguay, las transnacionales del agua se disponen a apropiarse de los
recursos hídricos de la región –ríos, acuíferos, pozos y sistemas de
acueductos–, empleando en su hábil discurso los conceptos de
"descentralización", "participación de la sociedad civil" y "desarrollo
sustentable".
En abril
de 2005 se realizó en la Ciudad México el Primer Taller Popular en
Defensa del Agua, actividad convocada por el Centro de Análisis Social,
Información y Formación Popular de México (CASIFOP) y el Instituto
Polaris de Canadá. Ahí se reunieron más de 400 personas de todo México y
varios países del hemisferio americano. Los participantes, que
incluyeron campesinos, pueblos indios, sindicalistas, integrantes de
movimientos urbanos, investigadores, estudiantes y organizaciones de la
sociedad civil, compararon notas y compartieron vivencias de sus luchas
respectivas contra la privatización del agua. Además, contemplaron
posibles caminos hacia la consolidación y adelanto de la defensa del
líquido como un derecho humano para todos, manejado de manera
sustentable, democrática y responsable.
En el
Taller se identificaron las diversas modalidades de la privatización del
agua en las Américas:
-
Privatización de los servicios municipales de agua en zonas urbanas.
En esta modalidad, que es la más obvia pero no la única, corporaciones
transnacionales se apropian de las redes de distribución y plantas
purificadoras con el aval de
nuevas
legislaciones
en torno al agua.
-
Privatización de los territorios y biorregiones. Para citar un
documento de CASIFOP: "Las empresas que comercian y/o necesitan masas
de agua para sus actividades, van por la privatización de territorios
y biorregiones enteras para garantizarse el uso monopólico del
recurso, protegidas por
cambios en las legislaciones."
-
Privatización por desviación de aguas.
Mediante canales que desvían ríos enteros fuera de su cauce natural y
la construcción de megaproyectos de infraestructura como hidrovías y
represas, se provee agua abundante para usuarios industriales y
agronegocios a costa de las necesidades básicas de millones de
indígenas y campesinos.
-
Privatización por contaminación.
Cuando los grandes usuarios corporativos contaminan el recurso
mediante su uso y abuso (por ejemplo industrias mineras, petroleras,
papeleras, eléctricas y monocultivos agroindustriales intensivos en el
uso de agrotóxicos), imposibilitan el que sectores menos pudientes
puedan usarlo.
-
Privatización por el embotellamiento de agua. Cuatro transnacionales
controlan gran parte de este próspero negocio (Coca-Cola,
Pepsico, Nestlé y Danone).
Estas compañías y sus filiales obtienen agua mediante
subsidios
estatales asombrosamente generosos y favorables y la venden en
botellas de plástico a
mil o
diez mil veces lo que les costó conseguirla.
-
Monopolio de las tecnologías. Y encima de que las grandes industrias
despilfarran y
contaminan el agua que es de todos,
también controlan las tecnologías para su extracción y purificación.
"A través de control monopólico de mercados y patentes de tecnología,
los destructores del recurso se
presentan como los salvadores,
a los cuales todos tenemos que pagar", expresó Silvia Ribeiro, del
Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, una de las
participantes del Taller en Defensa del Agua.
La
ofensiva ideológica-publicitaria en pro de la privatización se
fundamenta en tres premisas cuestionables:
-
Crecimiento poblacional: "Cada vez hay más y más gente que debe tener
acceso a recursos de agua cada vez más escasos y sobreexplotados, lo
cual provoca tensiones y conflictos sociales." Este argumento tiende a
simplificar crasamente la compleja problemática social en torno a los
recursos naturales. Presume que no existen desigualdades económicas
extremas, o que si existen no son de consecuencia alguna.
-
Justo
valor económico: "Se despilfarra el agua porque la gente la obtiene
gratuitamente o a precios artificialmente bajos. Por lo tanto, si su
precio reflejara su verdadero costo ecológico y económico, la gente
evitaría su abuso y uso excesivo." Dicen los ejecutivos de empresas
privatizadoras de agua que los precios que cobran son altos porque el
agua es un negocio costoso y riesgoso y sus empresas deben manterse
rentables para poder competir. Pero los precios altos que cobran estas
firmas no están basados en racionalidad de mercado o criterios de
sustentabilidad ecológica. Las compañías aparentemente independientes
que operan acueductos municipales son casi todas subsidiarias de una
media docena de empresas transnacionales que se coordinan entre sí y
se dividen los mercados globales. El dinero que recaudan de sus
abonados no se invierte en mantenimiento y expansión de redes
existentes sino en sus planes de expansión global y en jugosos
dividendos y salarios ejecutivos.
-
El
fracaso del Estado: "Como administrador del recurso, el Estado ha
fracasado, no sólo a causa de su corrupción, incapacidad y falta de
inversión en la infraestructura sino también mediante su promoción de
una cultura paternalista de 'agua barata para todos', que ha resultado
en despilfarro y sobreexplotación." Sin embargo, en los países del Sur
el aparente fracaso del Estado se debe a una multiplicidad de factores
externos, incluyendo el peso de la incosteable deuda externa y las
políticas de ajuste estructural impuestas por la banca multilateral
que requieren que prácticamente se desmantele el estado.
"Las
trasnacionales manipulan los datos de la crisis para justificar el
despojo y aumento de la privatización, culpando a la gente común, los
campesinos y los servicios públicos por mal uso y administración", dice
Ribeiro. "Por todo ello, es imprescindible construir nuestros propios
mapas de la crisis y de los caminos para enfrentarla."
México,
paradigma para la privatización
Más de
400 representantes de comunidades indígenas, organizaciones del
movimiento urbano popular y obreros de la Comisión Nacional de Agua
asistieron al Taller. Una de las conclusiones indiscutidas fue que
México es la cabeza de puente de la ofensiva privatizadora regional.
Mientras que en otros países latinoamericanos se han librado grandes
luchas populares en defensa del agua y hasta obtenido algunas victorias
–como en la ciudad boliviana de Cochabamba–, en México "la privatización
del agua ocurre cotidianamente y cada vez en más puntos del país,
mientras que la resistencia o las manifestaciones de rechazo de la misma
se dan de manera dispersa y son percibidas en la mayor parte de los
casos como problemáticas locales", según Karina Atayde y Thais Vega,
investigadoras de CASIFOP.
En
México se emplean sofisticados mecanismos y argumentos en pro de la
propiedad privada del agua para ablandar y fragmentar la oposición y
para dificultar el que sectores críticos perciban el cuadro amplio y los
verdaderos designios de los privatizadores. Las transnacionales del agua
desean presentar a México como una vitrina para exhibir al mundo las
virtudes de la privatización.
La
tendencia a la privatización del agua en México se remonta a 1983,
cuando el presidente Miguel de la Madrid impulsó cambios al artículo 115
de la Constitución que descargaron sobre los gobiernos municipales la
responsabilidad del suministro del agua.
Estos
cambios legales parecerían de primera intención una movida en pro de una
genuina descentralización y un control local y democrático sobre el
recurso. Pero según CASIFOP, "al haber transferido la responsabilidad
del suministro a las autoridades municipales, el gobierno federal no
sólo entregó las redes de infraestructura, sino además le heredó todos
los problemas de la gestión, acumulados durante décadas: fugas, redes
obsoletas y en malas condiciones, administración corrupta e irregular,
entre otros, en un contexto de urbanización desenfrenada."
En 1992
el proceso privatizador se afianzó con la aprobación de una nueva Ley de
Aguas Nacionales, tras la cual numerosos municipios concesionaron el
manejo de sus aguas a filiales de empresas transnacionales como la
francesa Vivendi, incluyendo Aguascalientes, Saltillo y la ciudad
México.
En su
intervención inicial en el Foro en Defensa del Agua, el profesor Andrés
Barreda, de la Universidad Nacional Autónoma de México, describió la
realidad del falso descentralismo de la política de agua del gobierno:
"La vía
de la compartimentalización distingue los tres grandes tipos del uso del
agua (urbano, rural e industrial), pulveriza la privatización de los
usos urbanos mediante una estrategia de municipalización de los manejos,
los contratos y los mercados de agua (...) Atomiza la privatización de
los usos rurales al localizarlos sea en los diversos sistemas de riego o
en las montañas y las selvas de México.
"El
proceso de privatización del agua muestra entonces una variada
estrategia de avance espacial: una estrategia atomizante de los ámbitos
de conflicto y negociación del agua, según el cual el manejo del agua
urbana queda en manos de los municipios mientras el agua rural queda en
manos de los dispersos sistemas de riego que existen en el país. Ello
permite a los grandes capitales transnacionales del agua poder negociar
con entidades políticas de pequeña escala territorial.
"Como
las empresas resultantes supuestamente son de pequeña escala municipal,
la gente piensa que en sus municipios tratan con compañías locales de
escala menor, sin darse cuenta de que en realidad son una de las mil
caras de alguna gigantesca empresa transnacional de multiservicios,
empresa que usa con habilidad envidiable la subcontratación, para
debidamente desentenderse al momento en que empiecen los problemas
sociales por la habitual entrega de malos servicios."
La
realidad de la privatización de servicios de agua en México
Los
casos de las urbes de Cancún, Saltillo y Aguascalientes son
ilustrativos. En la ciudad de Cancún, paraíso turístico en la costa
caribeña, la primera compañía privada que administró el sistema de agua
fue Azurix, una subsidiaria de la famosa y desgraciada compañía
estadounidense Enron. Después de su aparatosa quiebra, llegó Ondeo,
subsidiaria de la empresa francesa Suez, que financió la compra con un
préstamo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Según la organización no gubernamental estadounidense Public Citizen,
"las inversiones comprometidas están todavía por realizarse y por tanto
las aguas residuales son descargadas en el mar Caribe."
En
Saltillo, en el estado de Coahuila, el sistema fue concesionado a una
compañía propiedad del municipio y de la corporación española Aguas de
Barcelona. Durante los dos primeros años de la concesión, las tarifas
subieron de 32% a 68%, en contra de los términos acordados, que
establecen que los aumentos no debían superar la inflación. Informa
Public Citizen que los miembros de la junta directiva que trabajan para
el municipio no han podido imponerse a las decisiones tomadas por los
integrantes españoles del consejo.
En
Aguascalientes, cuyo sistema de agua fue concesionado a una subsidiaria
de la trasnacional francesa Vivendi, las tarifas están entre las más
altas de México. Pero estas tarifas altas no han resultado en un manejo
sustentable del recurso; el acuífero del que depende la ciudad está
cerca del agotamiento. Aunque las autoridades no lo reconocen, sostiene
Public Citizen, la región será de las primeras del país que sufrirá una
crisis de abasto de agua que obligue a una drástica reducción de los
planes de expansión económica.
Estos
tres casos contrastan con el sistema de agua de la ciudad de Monterrey,
que está controlado una agencia pública. "Como algunas otras en el norte
del país, esta entidad pública ha tenido éxito en asegurar una amplia
disponibilidad del servicio mientras reduce las pérdidas de agua a
través de redes y colectores de sus clientes", según el diario La
Jornada.
En 2001
se creó el Programa para la Modernización de Prestadores de Servicio de
Agua y Saneamiento (Promagua) para darle financiamiento a los municipios
para mantener sus sistemas de agua. Pero la ayuda de Promagua, que fue
financiado con un préstamo del Banco Mundial, está condicionada a que
los municipios faciliten la participación del capital privado.
El
sector privado entonces impone sus propias condiciones. Según CASIFOP,
"las empresas privadas se rehúsan a establecer cualquier tipo de
convenio con autoridades municipales si éstas no se comprometen a
resolver rezagos en la infraestructura por medio de inversión estatal
(es decir, deuda pública), a incrementar las tarifas antes de que
ingrese el capital privado, a absorber los costos para 'eliminar la
incertidumbre' respecto de los derechos de propiedad, a garantizar la
continuidad de la concesión y a asumir la responsabilidad de ampliar la
red de infraestructura, nuevamente por medio de más endeudamiento
externo."
Según
Luis Hernández Navarro, muchos de los préstamos del Banco Mundial a
México han tenido como condición la privatización y la recuperación del
costo total del agua. "En su lenguaje, la 'recuperación del costo' se
refiere tanto a la eliminación de los subsidios gubernamentales como al
incremento de los pagos que los consumidores deben hacer para tener
acceso al servicio. Esto significa que las empresas operadoras
encargadas de proveer de agua potable deben cubrir todos sus gastos de
operación y mantenimiento mediante los cobros a los consumidores, sin
recibir subvenciones gubernamentales."
La más
reciente Ley de Aguas Nacionales, aprobada por el Congreso de la Unión
en 2004, fue un paso sustancial en la privatización de la
infraestructura y el suministro de agua potable. Según el BM el "nuevo
marco legal constituye una oportunidad única para profundizar el proceso
de reforma" del sector. "La nueva legislación afina los mecanismos para
lograr la exclusión de la población del proceso de toma de decisiones
sobre las políticas y la gestión real del líquido, para trasladarlo a
las grandes empresas," plantea Hernández Navarro.
Alternativas de la sociedad civil
Nadie
mejor que las organizaciones de la sociedad civil para articular
alternativas al modelo imperante de privatización del agua. "Como
alternativa a las tendencias privatizadoras, por un lado, y
centralistas, por otro, en cuanto a la gestión del agua, proponemos un
modelo de gestión local y participativo en el que las comunidades
elaboren y ejecuten, en coordinación con las instancias públicas
competentes, las políticas relacionadas con la protección, conservación
y uso equitativo sostenible y sustentable del recurso" declararon los
participantes del Foro del Agua de la Sociedad Civil Centroamericana,
celebrado en el verano de 2005.
Continúa
la declaración: "Exigimos que se abran espacios y se faciliten los
recursos necesarios a las organizaciones sociales para participar en la
elaboración e implementación de dichas políticas, las cuales deberán
estar plasmadas en leyes y demás cuerpos normativos que hagan efectivo
este modelo de gestión, como única forma de garantizar el respeto al
derecho humano de acceso al agua."
Uno de
los principales objetivos del Taller en Defensa del Agua celebrado en
México fue comenzar a preparar la sociedad civil para el próximo Foro
Mundial del Agua, a ser celebrado en la ciudad capital en marzo de 2006.
Este Foro, que tiene lugar cada tres años desde 1997, reúne a los
principales responsables de la toma de decisiones sobre el manejo de
agua a nivel nacional, representantes de dos tercios de los gobiernos
del mundo, empresas que hacen negocio con el agua, entidades no
gubernamentales, miembros de la comunidad científica y agencias de la
ONU. El Foro está dedicado a diagnosticar y adelantar los procesos de
privatización del líquido a nivel mundial, y surge como iniciativa del
Consejo Mundial del Agua, institución que fue fundada en 1996 junto con
la Asociación Mundial del Agua. La misión de ambas agrupaciones es
consolidar los procesos de privatización a nivel planetario. Una de sus
principales estrategias es involucrar activamente a la sociedad civil en
la gestión del manejo del agua, con el doble propósito de desplazar al
estado y crear situaciones de crisis en las que la empresa privada
figure como la única salvación.
Cuando
se celebre el Foro, estarán ahí presentes las organizaciones populares y
de la sociedad civil y los pueblos indígenas para decirle a los
delegados y al mundo que los procesos de privatización no son legítimos
ni resuelven los problemas del abasto de agua, y que existen
alternativas reales para proveer el líquido a un costo razonable, sin
destrucción ambiental y sin la injerencia de corporaciones
transnacionales.
Maude
Barlow, activista canadiense y co-autora del libro "Oro Azul", participó
en el Taller y en entrevista con Radio Mundo Real dio un mensaje a los
gobiernos de América Latina: "Entiendo que los estados de América Latina
atraviesen dificultades para financiar el sistema público de suministro
de agua y sé que tienen además una gran deuda con el Primer Mundo. Pero
cometen un gran error al permitir que estas corporaciones se instalen en
sus comunidades y administren el sistema de agua sólo por las ganancias
que eso genera. Esto provoca aún más pobreza, más contaminación. Las
corporaciones no asumen ningún riesgo, sino que obtienen todos los
beneficios. Es la gente local la que se arriesga, y es el Banco Mundial
el que paga para que las corporaciones estén libres de riesgo. Es muy
importante que los gobiernos digan 'no' a estas corporaciones. En
definitiva no están allí para llevar agua a la gente, no están allí
porque les preocupe la gente, ni para ayudar a los gobiernos. Están allí
para hacer dinero. Cuando dejen de hacer dinero se irán. Mi mensaje para
Suez es que se consigan un trabajo honesto."
Ruiz Marrero es un periodista
independiente y educador ambiental puertorriqueño. Es catedrático del
Instituto de Ecología Social (social-ecology.org)
y becado del Programa de Liderazgo Ambiental (elpnet.org).
El es además el director fundador del Proyecto de Bioseguridad de Puerto
Rico (bioseguridad.blogspot.com).
Su página web bilingüe (carmeloruiz.blogspot.com)
está dedicada a asuntos globales ambientales y de desarrollo.
Referencias
Bibliografía
Angélica
Enciso L. "El Foro Mundial del Agua, premio a México por sus políticas
privatizadoras" La Jornada, México, 15 de junio 2005
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/16866
Angélica Enciso L "Endosan a las
sociedades la problemática del agua" La Jornada, México, 28 de abril
2005
http://www.jornada.unam.mx/2005/abr05/050428/048n1soc.php
Angelica
Enciso L. "Ofensiva de trasnacionales para apropiarse del agua,
denuncian ONG" La jornada, México, 26 de abril 2005
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/15853
Roberto
González Amador. "El gobierno federal lleva al país hacia la
privatización del agua" La Jornada, México, 4 de julio 2005
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/17284
REDES-AT. "De Ciudad de México a El
Alto: construyendo la resistencia a la privatización del agua en
Latinoamérica"
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/16070
Silvia Ribeiro "Las caras de la
privatización del agua"
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/15910
Carmelo Ruiz Marrero "El Lado Mojado
del ALCA"
http://americas.irc-online.org/articles/2004/sp_0411alca.html
NO DEBEN DE EXISTIR LOS
RELLENOS SANITARIOS DE NINGUN TIPO EN LA PENINSULA DE YUCATAN
SOBRE LOS RIOS SUBTERRANEOS. SE REQUIEREN EMPRESAS QUE SEPAREN Y TRATEN LA
BASURA.
LAS GEOMEMBRANAS DE LOS RELLENOS SANITARIOS SE ROMPEN Y LOS LIXIVIADOS SIEMPRE
LLEGAN
A LOS MANTOS ACUIFEROS. TECNOLOGIA DE PUNTA, NADA DE RELLENOS, ESO ES UN
CRIMEN ECOLOGICO.
EL
ESCURRIMIENTO
DE LIXIVIADOS ES INEVITABLE CON ESTE SISTEMA
PRIMITIVO Y OBSOLETO !!!!
 
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