Denuncia Tribasa a ambos Ayuntamientos por grave caso de contaminación

* El gobierno de Alor arrojó más de cien mil toneladas de basura a cielo abierto y el de Manuela Godoy simplemente cerró los ojos

La empresa Triturados Basálticos, S.A. de C.V. (Tribasa) demandó ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a los ayuntamientos de Benito Juárez e Isla Mujeres por supuestos delitos ambientales, luego de que el primero arrojó más de cien mil toneladas de basura a cielo abierto en terrenos de la ex concesionaria, ocasionando graves trastornos al equilibrio ecológico, además de que sus lixiviados contaminan el subsuelo y ríos subterráneos que abastecen a la laguna Chacmochuch, ubicada en la parte continental de la ínsula.

Sin embargo la Profepa, argumentando incompetencia legal, continúa solapando la contaminación de los mantos freáticos y ríos subterráneos que alimentan el Sistema Lagunar Chacmochuch y la Laguna del Manatí, que en conjunto es un Área Natural Protegida del Gobierno federal en el municipio de Isla Mujeres.

Es verdaderamente alarmante y una llamada de alerta a las autoridades por el bien de este destino turístico, afirma a Luces del Siglo el apoderado legal de Tribasa, José Roberto Valdés Lima, quien con documentos en mano --copias en nuestro poder-- narra que desde el 27 de julio del año pasado se vio precisado a demandar ante la Profepa a las autoridades municipales de Benito Juárez e Isla Mujeres por supuestos delitos ambientales, aunque para algunos tal acción pudiera parecer una venganza luego de que el alcalde Francisco Alor Quezada le cancelara la concesión que tenía de la recolección de la basura en la ciudad de Cancún por 30 años, cuando apenas habían transcurrido doce.

Valdés Lima explica que desde que se saturó la celda de emergencia, a principios del año pasado, construida al norte del relleno sanitario norte, gran cantidad de basura fue tirada a cielo abierto, causando que los lixiviados se filtren al subsuelo contaminado los mantos freáticos, situación que se agrava con cualquier aguacero que caiga ya que se forman grandes lagunas de líquidos venenosos mezclados con el agua de lluvia, según se aprecia en ilustrativas fotografías.

Aunque las gráficas que se muestran son elocuentes, es necesario conocer los antecedentes que dieron origen a las celdas emergentes que hoy se levantan como monumentos a la mugre y polución. Lo anterior, porque ciertamente hasta hoy no hay ningún tratamiento que clausure o remedie el relleno sanitario norte (aún cuando se piensa en el aprovechamiento del gas metano); mucho menos se conoce lo que se hará con las celdas emergentes y con las más de 100 mil toneladas de basura tiradas a cielo abierto.

PERMISO PARA

30 HECTÁREAS

Como se recordará, desde el 11 de marzo de 1994 el Ayuntamiento de Benito Juárez y la empresa Tribasa celebraron un contrato de concesión del servicio público municipal del limpia y uso del Relleno Sanitario Norte, mismo que se construyó sobre un terreno de 30 hectáreas propiedad de esta última, ubicado en el paraje conocido como “Sufre y Calla”, en la zona continental de Isla Mujeres.

A fines del 2005, el relleno sanitario norte fue llegando a su punto de saturación y como el Ayuntamiento de Benito Juárez no encontraba otro sitio donde instalar un nuevo relleno sanitario, Tribasa permitió a la Comuna que dentro de las 30 hectáreas de su predio “Sufre y Calla” usara poco más de 53 mil metros cuadrados para la construcción de una celda emergente para el depósito de los residuos sólidos municipales, según explica Valdés Lima.

“Efectivamente --agrega--, al parecer en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003 y demás leyes ambientales, el Ayuntamiento instaló la mencionada celda emergente en el predio que para el uso y disfrute de ese efecto le entrego Tribasa, por lo cual todo funcionaba más o menos”, dice el apoderado de la empresa.

Sin embargo, el 2 de marzo del 2006, el Ayuntamiento de Benito Juárez y la empresa Mexicana de Gestión de Agua, S.A. de C.V. (antes Tribasa) celebraron un nuevo Convenio de Extinción de Obligaciones y Finiquito, respecto del Contrato de Concesión de Servicios Públicos Municipales de Limpia y Uso del Relleno Sanitario norte y sus diferentes modificaciones. Con ello, explica, se extinguió cualquier obligación derivada del Convenio de Concesión firmado en 1994.

En este último convenio se estableció que Tribasa y Mexicana de Gestión de Agua renunciaban a todo derecho referido en la concesión sobre el uso y disposición del terreno destinado al relleno sanitario norte. Asimismo, se estableció que pactaban desde ese momento permitir al Municipio de Benito Juárez --razón social del Ayuntamiento-- el uso y disfrute, sin derecho a pago o indemnización alguna, sobre la parte donde se ubica la celda emergente utilizada como relleno sanitario; es decir, sobre las poco más de cinco hectáreas delimitadas, de las 30 que conforman el predio “Sufre y Calla”.

Durante algún tiempo el predio “Sufre y Calla” hizo honor a su nombre, hasta que el 6 de junio del 2006 Tribasa, por conducto de su apoderado Valdés Limas, en compañía de la licenciada Yolanda Solís Olveres, notaria pública número 22 de Isla Mujeres, se presentaron en el predio de 30 hectáreas percatándose de que los trabajadores de Servicios Públicos Municipales y camiones del Ayuntamiento de Benito Juárez estaban tirando la basura fuera de la celda emergente.

Se observó y fotografió las lagunas de lixiviados y que los desperdicios se estaban tirando sin ningún control ni precaución fuera de la celda emergente, de lo que dio fe la licenciada Solís. De ninguna manera se estaba respetando la NOM-083-Semarnat-2003, ni tampoco las leyes ambientales existentes. Se certificó que la contaminación afectaba no sólo tres hectáreas de terreno propiedad de Tribasa, sino a toda el área y ecosistema del lugar y, lo peor, los mantos freáticos y ríos subterráneos que desembocan en la laguna Chacmochuc, situada a menos de un kilómetro del tiradero.

INÚTIL PARTE

A LA PROFEPA

Al ser contaminados de esta forma el subsuelo y la laguna, catalogada como Área Natural Protegida, José Roberto Valdés Limas consideró que la Procuraduría Federal para la Protección Ambiental (Profepa) debía conocer del presunto delito ambiental, por ser competencia federal.

En la querella, señaló como presuntos responsables al Ayuntamiento de Isla Mujeres y al de Benito Juárez. El primero por omisión, ya que pese a conocer de la contaminación que estaba realizando el municipio de Benito Juárez no tomó las medidas pertinentes para evitar y controlar esa grave fuente de contaminación. Y al segundo, por verter sin ninguna precaución o medida preventiva cientos de miles de toneladas de basura fuera de la celda emergente.

También se le dio aviso a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) del estado, por ser un problema de carácter sanitario y ecológico de dos municipios quintanarroenses, pero ninguna de estas dependencias se dio por aludida. Lo peor del caso, dice el representante legal de Tribasa, la Profepa se declaró incompetente, contra toda norma, en un asunto muy grave de contaminación de los mantos freáticos y la laguna Chacmochuch, presumiblemente constitutivos de un delito ambiental sancionado por las leyes federales.

Sin embargo, la misma dependencia, con fecha 27 de julio del año pasado, acordó declararse incompetente, según documentos en nuestro poder, con sustento en el artículo séptimo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que dice:

“Corresponde a los estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades (nos remite a las fracciones VI, XI y XIII):

VI.- La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;

XI.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más municipios;

XIII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, VI y VII de este artículo.

UN PROBLEMA

MINIMIZADO

Lo anterior quiere decir que la Profepa, según se desprende de esos artículos, no está analizando la fuente de la contaminación, sino que está considerando el problema como si se tratara del manejo de residuos sólidos y un conflicto intermunicipal.

Lógicamente, si la dependencia federal no dio respuesta a un asunto que le compete por tratarse de la contaminación de los mantos freáticos, ríos subterráneos y de una laguna protegida por las Leyes Ambientales, menos lo haría una dependencia estatal como lo es la Seduma, aún y cuando el caso le haya sido turnado de acuerdo al oficio PFPA/QRO/DQ/1418/2006, razón por la cual hasta ahora se espera alguna acción, mientras la contaminación avanza imparable.

Vale reconocer que la Seduma abrió el expediente No. UDQ-10/2006 y registró la denuncia popular con el número Seduma/SSMA/DGPA/1227/2006. Se declaró competente para conocer y resolver la denuncia popular, de acuerdo a una serie de artículos que cita y de los que se le informa a Valdés Limas.

Supuestamente ese oficio lo firma el titular de Gestión Ambiental para al Protección del Ambiente, pero --¿qué creen?-- desde el 14 de agosto del año pasado, a la fecha, no se ha movido un solo dedo.

De seguro las autoridades federales y estatales responsables de la protección al medio ambiente esperan ver saltar del agua de la laguna Chacmochuch a un pez con tres ojos o de plano una réplica del Mar Muerto, pero bien muerto, para poder actuar y sancionar la grave contaminación que los ayuntamientos de Benito Juárez y de Isla Mujeres están causando al entorno en la zona norte de Quintana Roo.